El gobierno del Perú reitera su condena a la ruptura del orden democrático en Venezuela y su no reconocimiento a los actos de la Asamblea Constituyente. La Declaración de Lima es la reacción regional para defender el último órgano democrático vigente en Venezuela: la Asamblea Nacional electa libremente.
Una negociación de buena fe, con objetivos claros y plazos precisos, es la única vía aceptable para recobrar la democracia en Venezuela. Todo intento interno o externo para recurrir a la fuerza socava el objetivo de restaurar la gobernabilidad democrática en Venezuela, así como los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. El Perú rechaza cualquier amenaza o el uso de la fuerza no autorizado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.